El jinete y su caballo

Hay quien puede pensar que analizar un asunto como el que se va a tratar en este artículo es el sueño de cualquier profesional vinculado al Patrimonio Cultural. Pero salvo que quiera trocar su categoría por la de “polemista”, nada más lejos de la realidad. Más bien al contrario, en mi caso ha logrado interrumpir mi plácido descanso y sacarme demasiado temprano de la cama para escribir unas cuantas líneas, sin mayor interés que aportar una visión lo más racional, precisa y aséptica posible ante la avalancha de opiniones viscerales e ideológicas que se están vertiendo –y las que se verterán- al respecto. Además de conseguir que aparque el artículo que pensé que inauguraría mi colaboración con este blog. Pero en ocasiones la actualidad se impone.

El motivo no es otro que la noticia de la retirada de la vía pública por parte del Ayuntamiento de Barcelona de los restos de una estatua ecuestre de Franco –que formaba parte de la exposición Franco, Victòria, República, Impunitat i Espai urbà, inaugurada el pasado 18 de octubre en El Born Centre Cultural i de Memòria de Barcelona– tras haber sufrido numerosos desperfectos debidos a varios actos de vandalismo, siendo el último de ellos su derribo por parte de unos ciudadanos anónimos.

Con el fin de evitar en la medida de lo posible toda tergiversación política e ideológica en el análisis posterior, se deben admitir de antemano algunas cuestiones innegables: la exposición tiene un contenido político e ideológico, está organizada en una institución con una clara línea política e ideológica y la citada escultura, si bien tiene relación directa con el discurso de la exposición, es una manifestación de un pasado político e ideológico polémico y totalmente opuesto al de la institución. Sin embargo, aunque debamos asumir todos estos aspectos, esto no debe enmascarar la realidad de los hechos: la degradación y destrucción de un bien cultural (una escultura ecuestre) por parte de una serie de ciudadanos. Y por tanto, las preguntas posteriores debieran ser: ¿se podría haber evitado?, ¿tendrá algún tipo de consecuencia para los ciudadanos implicados?

Para comenzar, tal como recoge el artículo 1 apartado 2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, forman parte del Patrimonio Histórico Español, entre otros, los bienes de interés histórico y artístico. La citada estatua ecuestre fue realizada por el escultor catalán Josep Viladomat i Massanas, perteneciente a un movimiento artístico catalán muy concreto llamado “Los Evolucionistas” y de quien podemos encontrar una representación de sus obras en el Museu Nacional d’Art de Catalunya. Al mismo tiempo, el personaje representado refleja de forma relevante una parte de la historia de nuestro país. Por tanto, en mi opinión, sólo con estas dos apreciaciones quedaría justificada de manera más que suficiente su consideración como bien perteneciente al Patrimonio Histórico Español.

Una vez considerado como “bien cultural” y tal como dispone la misma Ley en sus artículos 2 y 6, queda en manos de la Administración del Estado y/o de la Comunidad Autónoma correspondiente (según las competencias reguladas por la Constitución Española) el garantizar su conservación. En el caso de la Administración General del Estado, podemos acudir a dos fuentes fundamentales para ello. La primera es la propia Ley del Patrimonio Histórico Español, que no establece ningún régimen específico para su conservación en el caso que nos atañe, pero que en su Título IX sí regula una serie de infracciones administrativas sobre el Patrimonio Cultural, de las que se derivan una serie de sanciones. Dado que este caso no se puede encuadrar en ninguna de las infracciones que se tipifican, se deberá atender a lo señalado en el artículo 76 y valorar si estos hechos son constitutivos de delito. Para ello debemos acudir a la segunda de las fuentes, la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. El Código Penal dedica su Capítulo II a los “delitos sobre el patrimonio histórico”, donde regula mediante el artículo 323, que quien cause daños en bienes de valor histórico y artístico, entre otros, “será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años o multa de doce a veinticuatro meses”, pudiendo imponerse la pena superior en grado si los bienes se consideran de especial relevancia o los daños de especial gravedad. Por tanto, todas estas actuaciones que han supuesto daños sobre la escultura, como bien de valor histórico y artístico, podrían ser constitutivas de delito, debiendo valorarse la multa o la pena en atención a las circunstancias que se han indicado.

Si atendemos a la responsabilidad de garantizar la conservación de la escultura por parte de la Comunidad Autónoma, en este caso Cataluña, contamos con la Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del Patrimonio Cultural Catalán, si bien el análisis se vuelve algo más espinoso. En su artículo 1 apartado 2 se señala que forman parte del patrimonio cultural catalán todos los bienes relacionados con la historia y la cultura de Cataluña en atención, entre otros, a su valor histórico y/o artístico, aunque como se especifica, si por este valor “merecen una protección y una defensa especiales” (aspecto éste bastante relevante). Tal como regula el artículo 3, la protección y conservación de los bienes del patrimonio cultural catalán corresponde a la Administración de la Generalidad, a los Consejos Comarcales y a los Ayuntamientos, cada uno en la medida de sus competencias.

La complejidad surge ya desde la regulación de las medidas de protección, puesto que se otorga una especial atención a esos bienes que “merecen una protección y una defensa especiales”, denominándolos en el artículo 7 “bienes de interés nacional” (entendiendo “nacional” como alusivo a la “nación catalana”). Sin embargo, encontramos en el artículo 18 que también forman parte del patrimonio cultural catalán los “bienes que constituyen puntos de referencia importantes de la historia” y los “bienes de interés artístico”, con independencia de su catalogación. Y por otro lado, el artículo 21 regula que “todos los bienes integrantes del patrimonio cultural catalán serán conservados por sus propietarios y poseedores”, sin hacer distingos ni categorías.

En el caso de esta escultura ecuestre, está claro por lo que ya he señalado más arriba, que tiene un interés artístico y/o que constituye un punto de referencia importante en la historia, así que forma parte del patrimonio cultural catalán. Otra cuestión es que sea considerado “bien de interés nacional”, ya que aunque alguien pudiera pensar que al ser quien lo ejecuta un representante de un movimiento artístico singular de Cataluña y al contar con obras conservadas en el Museu Nacional d’Art de Catalunya se encontrarían suficientes motivos para ello, lo cierto es que esta categoría de protección especial sólo se otorga a bienes culturales concretos (que en este caso sería la estatua ecuestre). Y este bien cultural, hasta donde yo conozco, no cuenta con esa ni con ninguna otra.

De hecho, el que no tenga la categoría de “bien de interés nacional” ni otro tipo de catalogación es lo que entiendo que permitió al Ayuntamiento de Barcelona retirarla en el año 2008 de su emplazamiento original en Montjuïc y trasladarla a los almacenes municipales, acogiéndose a lo dispuesto en la segunda parte de ese mismo artículo 21 de la Ley del Patrimonio Cultural Catalán, que permite estos procedimientos siempre que sean establecidos mediante un Reglamento. Si bien, debemos recordar, que no por ello se le exime de garantizar su conservación, en tanto a que es el propietario y/o poseedor del bien cultural.

Por el mismo motivo de falta de catalogación no encontramos en el articulado de esta Ley ningún régimen de protección específico para este tipo de bien cultural ni tampoco ninguna infracción administrativa tipificada vinculable a este tipo de actos sobre este tipo de bienes concretos, por lo que a su vez resulta muy complicado justificar la aplicación de alguna sanción administrativa, ya sea por parte del Ayuntamiento de Barcelona como por la de la Administración de la Generalidad, según las competencias estipuladas. No quedaría entonces otra opción que volver a acudir de nuevo al Código Penal en las condiciones que ya se han indicado más arriba.

Es por ello que, a través de lo analizado anteriormente, se pueden llegar a las siguientes conclusiones:

  • Al tratarse la escultura de un bien cultural perteneciente tanto al Patrimonio Histórico Español como al Patrimonio Cultural Catalán, es deber tanto de la Administración General del Estado como de la Administración de la Generalidad, cada una según sus competencias, el establecimiento de las medidas necesarias para garantizar su conservación.
  • En tanto que propietario y/o poseedor del bien cultural, también el Ayuntamiento de Barcelona es responsable de garantizar su conservación. Y en lo que le corresponda, también lo es El Born Centre Cultural i de Memòria de Barcelona, al ser quien recibe la escultura temporalmente para la exposición (salvo que se hubiera llegado a otro tipo de acuerdo específico con el Ayuntamiento).
  • Si bien no parece posible aplicar sanción administrativa para los actos vandálicos sufridos por la escultura, con el Código Penal en la mano estas acciones pueden ser constitutivas de delito.

Así pues, en el caso de que estos actos no tuviesen consecuencia jurídica alguna –con independencia de los posibles motivos políticos o ideológicos que pudieran deducirse- entiendo que no sólo las distintas Administraciones Públicas (o las instituciones, si fuera el caso) estarían faltando a su responsabilidad de forma manifiesta, sino que se establecería un peligroso precedente de cara a la protección de otros bienes de interés cultural, con independencia de su catalogación o protección. Poniéndonos en un caso similar: ¿Qué ocurriría si estas mismas acciones de vandalismo se repitieran, por ejemplo, sobre la escultura ecuestre de Felipe IV en la Plaza de Oriente de Madrid? ¿Las Administraciones Públicas se verían obligadas a actuar únicamente por contar con una catalogación especial (Bien de Interés Cultural)? ¿Serían más graves y punibles los daños, a efectos de conservación del propio bien, en ese caso que en el de la escultura de Barcelona?

Por último, no quisiera acabar sin insistir en un aspecto que entiendo fundamental para la protección del Patrimonio Cultural y que suele pasar desapercibida: todos somos responsables de garantizar su conservación. No sólo por una cuestión de principios (que es algo más difícilmente valorable), sino incluso por mandato legal, ya que la propia Ley del Patrimonio Histórico Español establece en su artículo 8 que cualquier persona que observe una acción que pueda poner en riesgo un bien cultural deberá ponerlo en conocimiento a la mayor brevedad posible en conocimiento de la Administración competente para que tome las medidas oportunas, además de poder exigir a esa Administración que haga cumplir esta Ley. Por tanto, quienes observaron los actos vandálicos y miraron hacia otro lado también incumplieron la Ley. Y si no exigimos que se aplique la Ley estaremos faltando también a nuestra responsabilidad como ciudadanos.

Porque uno de los problemas de base, entre otros muchos, es que quienes actúan de forma vandálica sobre esta escultura o sobre cualquier otro bien, los que les aplauden o los que miran hacia otro lado, ni tan siquiera parecen percibirlo como un “bien cultural”. Y llegados a este punto parece necesario citar a Dña. María Ángeles Querol Fernández, una de las mayores especialistas de este país en materia de gestión del Patrimonio Cultural, quien con frecuencia en sus obras lo define como “El conjunto de bienes muebles, inmuebles e inmateriales, que hemos heredado del pasado y que hemos decidido que merece la pena proteger como parte de nuestras señas de identidad social e histórica”. Por tanto, sería cierto que en última instancia está en nuestra mano –en la de todos y cada uno de nosotros–  decidir qué bienes merecen la pena ser protegidos y cuáles no. Pero no lo es menos que si en la definición de las “señas de identidad social e histórica”, razones que parecen fundamentales para su conservación, se permite que interfieran al libre albedrío intereses políticos o ideológicos, quienes al final podrán sufrir las consecuencias –y casi siempre para mal– serán los bienes culturales.

[Aclaración: el Ayuntamiento de Barcelona retiró la escultura ecuestre de su ubicación original en el Castel de Montjuïc en virtud de lo dispuesto en laLey 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se  reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor  de  quienes  padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura (conocida como “Ley de Memoria Histórica”), si bien el hecho de que esta escultura probablemente no estuviera incluida en la declaración como Bien Cultural de Interés Nacional del castillo es lo que facilitaría su retirada, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con el denominado “Arco de la Victoria” en Madrid, perteneciente al Conjunto Histórico de la Ciudad Universitaria de Madrid, que sí está incluido en su declaración como Bien de Interés Cultural.]
estatua-francophoto credit: Make me feed

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