La UE ante la cuestión catalana

Hablábamos en una entrada anterior de que parecen existir varias razones que dificultan, al menos a corto plazo, la posibilidad de crear un estado catalán independiente. A pocas fechas de las elecciones del 27S, en el centro del debate se ha situado la cuestión europea, que ya mencionamos entonces. Artur Mas ha iniciado un tour por los medios de comunicación asegurando que su hipotético nuevo estado permanecería dentro de la Unión y con las mismas condiciones actuales, a pesar de que varios funcionarios europeos, incluyendo en las últimas fechas a dos pesos pesados de la Unión como Angela Merkel y David Cameron, han dicho rotundamente que dicho estado quedaría automáticamente fuera.

Los dos argumentos que esgrimen los líderes de la lista de Junts pel sí son que los Tratados no prevén esta situación (y que, por tanto, es una cuestión política y no jurídica) y que, por eso mismo, la UE no va a expulsar a 7 millones de ciudadanos que ya tienen el estatus de ciudadanos europeos. Veamos si podemos aclarar la cuestión.

Es cierto que los Tratados de la Unión Europea no prevé esta situación en la que una parte de un Estado miembro se desgaje de la matriz territorial conformando un nuevo estado. Pero es una verdad a medias que Mas utiliza a su favor pues si bien es cierto que tal situación no se explicita, la realidad es que en el artículo 4.2 del Tratado de la Unión Europea (TUE), que trata sobre las relaciones entre los Estados y la Unión, dice literalmente: “(La Unión) Respetará las funciones esenciales del Estado, en particular las que tienen por objeto garantizar la integridad territorial“. No hace falta ser un gran experto jurista para adivinar que ningún estado miembro puede reconocer a un estado que, unilateralmente (según el plan de Mas), declara la independencia en contra de la voluntad del estado miembro matriz.

Además, los Tratados son firmados por los Estados, que figuran al comienzo de cada uno de ellos. Entre ese listado no está Catalunya, lo que lo inhabilita para formar parte de la Unión. Ésta es la razón por la que la opinión generalizada en Europa es que un nuevo estado se convertiría en un tercer estado y que, por tanto, si quiere formar parte de la Unión debe solicitar su ingreso y seguir los trámites oportunos.

Pero aun concediendo el beneficio de la duda, veamos qué condiciones necesita tener un Estado para formar parte de la Unión. Éstas están recogidas en el art. 49 del TUE que habla sobre los requisitos que un Estado debe cumplir para solicitar su adhesión y hace referencia directa al art. 2 del TUE: “La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos (…)”. Si Catalunya se declarase unilateralmente independiente, estaría atentando contra el derecho español (concretamente, contra el art. 2 de la Constitución Española que habla de la indisoluble unidad de la nación), es decir contra el Estado de Derecho, por lo que la inhabilitaría para formar parte de la Unión.

Otro elemento jurídico a tener en cuenta también se desprende del art. 49 TUE que establece que la adhesión de nuevos estados debe ser aceptada por unanimidad por todos los miembros del Consejo Europeo, es decir, por los 28 estados miembro. Por todo lo dicho anteriormente y por motivos políticos (por si acaso), esto no parece posible para el hipotético estado catalán. Países como Reino Unido, Bélgica, Francia o Italia abrirían la posibilidad de procesos semejantes en sus propios países; otros, como Chipre, Grecia o Rumanía se han negado a reconocer a Kosovo en el ámbito internacional por razones muy parecidas. ¿Qué sería diferente en el caso catalán? A priori, nada.

Y es que una nuevo estado sólo alcanzaría tal estatus de facto por dos vías: la jurídica y la política. A través de la primera, sienta jurisprudencia la famosa sentencia del Tribunal Supremo de Canadá del 20 de agosto de 1998 (a la que tantas veces hacen referencia los soberanistas) sobre el caso de Quebec. En ella, dicho Tribunal dice que la ruptura unilateral no es legal y que sólo un referéndum negociado con el estado central puede dar respuesta a la cuestión. Éstos fueron los casos de Quebec y Canadá y de Reino Unido y Escocia, ambos negativos. Pero además, la interpretación jurídica internacional dice que ambos referéndum fueron posibles porque la constitución canadiense y la falta de ella en Reino Unido lo hacían posible. La mayoría de Constituciones europeas, incluida la española, deniega esa posibilidad explícitamente. Sería necesaria, pues, una reforma constitucional que abriera esta vía.

La independencia por vía política sólo tiene una opción: el reconocimiento como estado independiente por los demás, opción que, como se ha explicado anteriormente, no parece posible en nuestro entorno. Sólo así, la presión internacional podría hacer cambiar de idea al estado matriz (aunque es legendaria la tenacidad española con el caso de Gibraltar, por ejemplo).

Así pues, apoyándonos en los argumentos expresados anteriormente, se nos hace difícil pensar que Catalunya pueda alcanzar su independencia a través de la Unión Europea y la presión internacional sobre España para que ésta aceptase la secesión de Catalunya. Me pregunto por qué no hay voces que expliquen esto en el ámbito público con más vehemencia.

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Catalunya y la UE

photo credit: Estudios de Política Exterior

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2 Respuestas a “La UE ante la cuestión catalana

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