Del régimen de incompatibilidades

La Ley Orgánica de Régimen Electoral (más conocida como LOREG) establece en su artículo 157.1 que “El mandato de los Diputados y Senadores se ejercerá en régimen de dedicación absoluta“. La propia ley continúa desarrolando este punto y añade que “el mandato de los Diputados y Senadores será incompatible con el desempeño, por sí o mediante sustitución, de cualquier otro puesto, profesión o actividad, públicos o privados, por cuenta propia o ajena, retribuidos mediante sueldo, salario, arancel, honorarios o cualquier otra forma” (157.2). La propia Ley establece, además, algunas excepciones, como la colaboración docente en las Universidades de forma extraordinaria y con una limitación retributiva (157.4). Ya en el artículo 159 se detalla un poco más la lista de actividades incompatibles con el ejercicio parlamentario y sólo se exceptúan expresamente la administración del patrimonio propio y familiar, la producción y creación literaria, científica, artística y técnica (y sus consiguientes publicaciones) y, por último (y he aquí el problema), cualquier actividad que no conste en las listadas en la Ley y que sea aprobada por la respectiva Comisión de cada Cámara.
Todo esto viene a raíz de las noticias aparecidas en los últimos días sobre las actividades de asesoría que dos, por entonces, parlamentarios del Partido Popular, Federico Trillo y Vicente Martínez-Pujalte, realizaron para la empresa Collosa, especializada en obra pública, y que cobraron de manera muy generosa. Nos encontramos entonces ante una doble pregunta: ¿Es legal? ¿Es ético? Intentaremos contestar a ambas preguntas.
¿Es legal? Aparentemente, sí. No podemos ofrecer una respuesta rotunda, sin embargo. La asesoría en múltiples casos está recogida como incompatible en la LOREG pero no literalmente el caso que nos ocupa y, tal y como parece, la Comisión del Congreso dio su visto bueno a dicha actividad privada. La defensa de Trillo y Martínez-Pujalte se basa en que nunca asesoraron sobre obra pública pero, ¿hay forma de demostrar eso o lo contrario? Mucho menos si, como ellos afirman, su asesoría era verbal. Si es legal o no, sólo un juzgado podría investigarlo (probablemente, se necesitase interpretación por parte del Supremo o, incluso, del Constitucional) pero si tenemos en cuenta que hablamos de un embajador y un diputado en activo, se me antoja complicado. En cualquier caso, de existir la duda y teniendo en cuenta el espíritu de la Ley, parece obvio que dichas actividades van en contra de lo expuesto en la LOREG pero, precisamente, esa cuarta excepción, que se presenta como un cajón de sastre y que está sometida por tanto a la interpretación de las Cámaras, ha conseguido doblegar dicho espíritu.
¿Es ético? Parece obvio que no. Asesorar a una empresa de carácter privado cuya especialidad, además, es concursar por obra pública, a cambio de una cuantiosa remuneración, no parece muy recomedable para quien gestiona los intereses públicos y cuya imagen de imparcialidad es parte fundamental de su labor, a la que, por cierto, debe dedicarse en exclusiva. Permitir este tipo de actividades es abrir la puerta a la instauración de lobbies en nuestros órganos legislativos con el consiguiente peligro de que se legisle en favor de los grupos de presión y no de los intereses generales.
Rafael Hernando, portavoz del Grupo Parlamentario del PP, no sólo ha salido a defender a su compañero Martínez-Pujalte sino que ha pedido públicamente una flexibilización de dicho régimen de incompatibilidades. Otro compañero de partido muy en auge, Pablo Casado, en un programa de televisión, proclamó las bonanzas de la falta de regularización en este sentido, poniendo como ejemplos los casos de Reino Unido y Estados Unidos.
Miren, yo estoy a favor de que se revise dicho régimen para ciertos casos muy específicos. Voy a poner un ejemplo muy concreto: si un cirujano quiere ser un representante público, actualmente no puede. No por incompatibilidad (si es funcionario público, pediría una excedencia; si es privado, debería dejar sus actividades) sino por imposibilidad profesional. Un cirujano no puede permitirse el lujo de estar cuatro años sin operar.
Pero la realidad es que la gestión de los intereses públicos (y legislar es el más importante) debe estar en manos de personas que dediquen todos sus esfuerzos y su atención a dichas actividades (como bien establecen la Constitución y la propia LOREG), porque de ellas dependen más de 47 millones de personas. Y digo más, también de personas a quien nadie pueda imputar ni un mínimo de sospecha en cómo ejerce su función. En Reino Unido, ese lugar que tanto gusta a Casado, el régimen de incompatibilidades apenas existe, es cierto. Sin embargo, el primer parlamentario que es puesto en duda por un mínimo de sospecha renuncia a su escaño y si hay una votación en la que su actividad profesional puede entrar en conflicto de intereses, el parlamentario se autorrecusa y sale de la votación. Aquí, en un país donde la corrupción política está a la orden del día y las dimisiones no tanto, ¿sería posible que la ética guiara las acciones de nuestros representantes públicos?
En Estados Unidos, señor Casado, la cultura política es muy diferente y las esferas pública y privada también. Allí se legisla con arreglo a los intereses privados y los lobbies financias campañas electorales para conseguir beneficios futuros. ¿Quiere eso Ud. en España? Yo, personalmente, no.
Así pues, el debate está servido. ¿Tú qué opinas? Comentánoslo aquí o en nuestro Facebook. ¡Anímate!

Trillo y Pujaltephoto credit: El Huffington Post

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