El Estado liberal y el Estado social

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En la anterior entrada veíamos una de las principales preguntas que se hace en el ámbito político: ¿eficacia o equidad? En el ámbito privado esta pregunta no existe. Como decía mi profesora de economía en Bachillerato: “El objetivo de las empresas es obtener un beneficio“. Punto. Y para ello tienen que ser lo más eficaces posibles. Sin embargo, en el ámbito público, de las administraciones, la pregunta se torna mucho más compleja. Muchas personas podrán pensar que la respuesta aquí es obvia, que un Estado debe premiar la equidad, y, en parte, tendrán razón. Pero no debemos olvidar que vivimos en un mundo con recursos limitados, muy limitados en ocasiones (como en épocas de crisis). Con esto en mente, ¿cómo se organiza entonces el Estado?
En los principios del Estado Moderno, las ocupaciones del Estado eran limitadas: mantener un territorio, tener un ejército, imprimir moneda y poco más. El resto de servicios eran ofrecidos por la Iglesia o, directamente, no lo eran. Con el paso del tiempo, la situación evoluciona, pero el tipo de Estado que hemos descrito no cambia mucho, especialmente tras las teorías económicas de finales de los ss. XVIII y XIX, en las que se decía que la economía se autorregulaba o que había que dejar la máxima autonomía al individuo y que el Estado no debía intervenir. Este tipo de sistemas, en los que la ocupación de la administración era la organización o regulación del territorio y mantenimiento del orden (a través de leyes, tribunales y policía) y la acción exterior (diplomacia y ejército), es lo que se conoce como Estado Liberal. En el resto de materias prima la iniciativa privada. Donde no se dé, no habrá. Sencillo. En honor a la verdad, y siendo objetivos, debemos reconocer que muchas veces la carencia se vio paliada por la acción de la Iglesia, especialmente en el ámbito educativo o asistencial.
Durante el s. XIX, con los movimientos obreros, se empiezan a implantar algunas medidas en el ámbito laboral para terminar con la grave situación de los trabajadores. Pero esta situación comienza realmente a cambiar a principios del s. XX, cuando las situaciones de crisis y guerras, amén de las nuevas ideas sociales que surgían, provocaron la intervención del Estado con el fin de mitigar las profundas desigualdades que se estaban produciendo. Esto es conocido como el Estado de bienestar, donde éste proveía servicios, antes dados únicamente en el ámbito privado, a los ciudadanos que lo necesitasen para lograr, valga la redundancia, el bienestar de la sociedad. Poco a poco, esta definición va evolucionando hasta llegar a nuestro Estado Social actual, el cual podemos definir como aquel sistema en el cual el Estado tiene un papel activo en el ámbito económico y social con el fin de garantizar la igualdad/equidad entre todos los ciudadanos. Para ello, ciertos derechos y servicios sociales quedan garantizados y todos los ciudadanos tienen derecho a ellos sin importar su nivel de renta. Este tipo de servicios son: educación y sanidad públicas, prestaciones sociales y laborales, defensa jurídica y asistencia legal, acceso a la cultura, etc.
Con esto se pretende mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y garantizar la equidad entre ellos. Si puedes ofrecer a un niño una educación pública para enseñarle, una asistencia sanitaria cuando se ponga enfermo y un acceso público a la cultura, ¿por qué no va a poder competir con un niño que haya obtenido todo eso en el ámbito privado? En teoría, así logras igualar a todos, puesto que has eliminado las posibles barreras que pudiera haber.
Pese a todo surgen varias críticas, especialmente en época de crisis, en donde se duda de la sostenibilidad de este tipo de sistemas. ¿Hasta que punto puede el Estado conseguir los recursos necesarios para sostener este tipo de sistema? Muchas veces no somos conscientes de la ingente cantidad de recursos que son necesarios. Y eso tiene un coste. Cuando se tiene un límite de recursos, ¿a qué debemos destinarlo? ¿Existen derechos o prestaciones “mejores” que otras? Todo esto es a lo que se tiene que enfrentar un político cada día (o al menos debería): al reparto de recursos limitados. Y el futuro para este tipo de sistemas es muy incierto, pues no se sabe cuánto más podrán sostenerse.

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Como colofón a la entrada, decir que hoy en día se ha incorporado al título de “Estado Social” el apelativo “y de Derecho” y a veces también el de “democrático”. Con todo ello queda el nombre de “Estado social y democrático de derecho” (art. 1.1 de la Constitución Española) que hace referencia a un Estado donde se evitan las desigualdades sociales entre ciudadanos y estos pueden elegir a sus representantes en elecciones, todo ello en un marco de respeto a las leyes y la separación de poderes. Pero esto es otra entrada.
¿Os ha parecido clara la explicación? ¿Os han quedado dudas? ¿Queréis que expliquemos algún apartado más en profundidad? ¿Tenéis algo que aportar? ¡No lo dudéis y comentad o escribidnos!
Fuente imágenes: photopin; contralaapatia.org.

 

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