La iniciativa legislativa popular

La tercera vía abierta por la Constitución para la intervención directa de los ciudadanos en la toma de decisiones es la ILP o Iniciativa Legislativa Popular. En el art. 87.3 CE reconoce la capacidad que tenemos los ciudadanos de presentar proposiciones de ley. Para ello, sólo se establece, en principio, un requisito: que sea presentada con no menos de 500000 firmas acreditadas (en España, desde 2006, se permite la firma electrónica).
Pero este artículo tiene dos trampas. La primera es que la propia Constitución ya señala cuatro ámbitos que no pueden ser objetos de una ILP, a saber:
  • las materias propias de Ley Orgánica, es decir, aquellas materias de especial importancia para el funcionamiento del sistema. Si pincháis aquí, podréis acceder a un documento que resume cuáles son estas materias;
  • en materia tributaria, es decir, relativa a los impuestos y a su recaudación;
  • leyes de carácter internacional;
  • leyes relativas a la prerrogativa de gracia.
La segunda, es que el mismo artículo constitucional anuncia que será una Ley Orgánica (de ésas que no se pueden modificar a través de ILP) la que regule la ILP. En dicha ley, de 1984, en su art. 2, también veta la ILP sobre materias de la actividad económica y los Presupuestos Generales del Estado.
En realidad, la ILP no es una forma de democracia directa pura, pues la capacidad ciudadana otorgada sólo permite presentar la proposición de ley. Ésta llega al Congreso y, para iniciar su trámite, primero debe ser aceptada por éste. Si consigue pasar este filtro, las Cortes la tramitarán como cualquier otra, tal y como vimos en entradas anteriores, pudiendo modificar el texto original parcial o totalmente o retirarla con anterioridad a la finalización del proceso.
En democracia, se han presentado más de 70 ILP en el Congreso. Una de las más conocidas, fue una presentada por CEAPA que solicitaba una ley que estableciera la gratuidad de los libros de texto. Sólo una ILP fue plasmada en una ley, dentro de la Ley de Propiedad Horizontal.
Una curiosidad: si la ILP es presentada correctamente y se inicia su tramitación parlamentaria, el Estado sufraga los gastos ocasionados a los promotores por su publicitación, difusión y recogida de firmas.
¿Conocías la figura de la ILP? ¿Te parece útil? ¿La modificarías o la eliminarías? Comenta y pregúntanos cualquier duda que tengas.

código civil photo credit: Gonmi via photopin cc

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