La inmunidad parlamentaria

El artículo 71.2 CE dice:

Durante el periodo de su mandato los Diputados y Senadores gozarán asimismo de inmunidad y sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser inculpados y procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva.

Lo primero que hay que aclarar es que “en caso de flagrante delito” quiere decir que se descubra al parlamentario ejecutando el delito en ese momento. Por ejemplo, si la policía recibiera un aviso y en su patrulla o registro encontrara a un parlamentario cometiendo un delito, entonces sí sería posible detenerle.
El objetivo de la inmunidad, como decíamos cuando hablábamos de las Cortes, tiene por objetivo evitar posibles injerencias interesadas de los demás poderes del Estado, principalmente del poder judicial, a través del cual podríamos interferir cualquiera en la labor del parlamentario con una simple denuncia. Esta prerrogativa no le exime de cumplir con la justicia, pero sí que pone obstáculos para que no sea tan fácil y el parlamentario en cuestión se pase más tiempo en los juzgados que en su cámara correspondiente.
El Tribunal Constitucional dejó claro que dicha prerrogativa lo que pretende es proteger a los parlamentarios de procesos que pueden llevar a privación de libertad por una cuestión de manipulación política que le impida llevar a cabo su tarea (STC 243/1988) y que, además, ésta se ceñía única y exclusivamente al ámbito penal.
También dijimos que cuando un juzgado quiere actuar contra un parlamentario, el juez debe presentar una solicitud en la cámara a la que pertenezca. Dicha solicitud se llama suplicatorio. Cada cámara tiene una Comisión específica para tratar estos asuntos, que recopila la información y mantiene una audiencia con el afectado. Una vez recopilados todos los datos, se lleva toda la información al Pleno, que será el que decida si permite o deniega, por mayoría simple (es decir, de los votos emitidos, y no del total de miembros de la cámara, que una opción reciba más votos que la otra) a la autoridad judicial solicitante que siga adelante con el proceso.
Una curiosidad: si la cámara se negase a permitir el proceso, en España no se tiene muy claro qué se debe hacer. La lógica constitucional dice que ese proceso queda paralizado mientras dure la inmunidad parlamentaria, pero que el proceso podría reanudarse al acabar ésta. Sin embargo, existe una ley de 1912, que no está derogada, que viene a decir que si la cámara se niega a conceder su autorización, el proceso debe ser cerrado para siempre. La cuestión está en que el Tribunal Constitucional aún no ha sentado jurisprudencia clara al respecto.
Un breve resumen de las preguntas planteadas:
  • ¿Ejemplos de “posibles injerencias interesadas de los demás poderes del Estado? Se refiere a denuncias de carácter penal que pudieran evitar, por motivaciones políticas, el libre ejercicio del cargo.
  • ¿Cuál es la forma en que las cámaras autorizaran el proceso? La decisión final la toma el Pleno de la cámara correspondiente, por mayoría simple.
  • ¿Quién puede solicitar el suplicatorio? Las autoridades judiciales.
  • ¿Hay votación?
  • ¿Qué proporción de votos se necesita? La decisión se toma por mayoría simple, lo que quiere decir que gana la opción que más votos recibe de los emitidos de los diputados/senadores presentes en el Pleno en el momento de la votación, descartándose también las abstenciones. Por ejemplo, aunque hay 350 escaños en el Congreso, imaginemos que se encuentran en el Pleno 290 diputados, que serán los votos emitidos. Pongamos que sale el siguiente resultado: 117 / NO 116 / Abstenciones 57. En este caso, el suplicatorio es aceptado, aun cuando ha sido con el 33.4% de los escaños los que han votado a favor.
Esperamos poder haber aclarado aún más esta cuestión. Si seguís teniendo dudas, no dudéis en escribirnos. Nos encantaría también que comentaséis y conocer vuestras opiniones.

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photo credit: Vvillamon via photopin cc

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